Andres Leiva Guzmán
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El tema de la participación no es nuevo para ninguna práctica al interior de lo que llamamos, genéricamente, trabajo comunitario. Es de tal importancia podríamos decir, que este aspecto, hasta donde puedo ver, es casi una suerte de criterio delimitador de los esfuerzos que se orientan hacia el objetivo, también ampliamente aceptado, de trabajar por la transformación de las condiciones de vida, buscando mejoras en lo que respecta a las relaciones de los sujetos y que ocasionarían cierto malestar.
La participación a pesar de tener múltiples acepciones y formas de expresarse, pareciera encerrar en si misma en referencia al área que nos interesa, un sentido más restringido a la luz de cómo se ha desplegado en los diferentes ámbitos del trabajo comunitario.
Esto es, la participación como práctica se ha cerrado en torno a la idea de que los sujetos de intervención, deben llegar a ser parte de la toma de decisiones, en lo que respecta a un poder político, como podría ser el Estado, dejando así, en su búsqueda objetiva dentro los programas de intervención, toda otra forma de "tomar parte" de los procesos de la convivencia en comunidad. Es decir, se deja de lado conscientemente, por ejemplo otras formas de participación de ese poder como podría ser, de tipo consultivo, o donde el sujeto sólo sea un participe pasivo de lo que la intervención propone, o bien como una nueva forma de hacer, haciéndose en la comunidad.
Y esto no es ningún problema desde la idea, también ampliamente aceptada de que el Estado por un lado, al no ser eminentemente representativo de las mayorías protagonistas de este cierto malestar, se ve en su estructura misma imposibilitado de vehiculizar las demandas de este gran sector, con la consecuencia de que entonces, el sujeto de este malestar debe, por decirlo de una manera poco retórica, "rascarse con sus propios medios".
Este Estado incapaz de hacerse presente del bien común podríamos decir, representaría solo los intereses de una parte de la población, dejando así a amplios sectores de ésta, en la frustración y el desencanto. Toda esta situación se hace relevante, ya que en gran parte de los casos de intervención, actuará como una de la mayores justificaciones del por qué emprender un trabajo de orden comunitario, bajo la premisa de qué, con el devenir histórico de las sociedades, el tema de la participación y sus supuestos aportes concretos ha actuado como una especie de malla contenedora allí, donde el Estado ha retirado los recursos o simplemente no ha intervenido.
En general, todas las intervenciones que se llevan a cabo en el ámbito comunitario, son de índole integracionista, es decir, tienen una concepción del mundo donde los sujetos de intervención, estarían fuera de la sociedad y sus formas de poder. Se entiende que el acceso a esas esferas de poder es crucial para el desarrollo de nuevas alternativas al orden en el cual los sujetos están insertos, y que en gran parte este mismo orden que los excluye, es ampliamente culpable de los pesares que los sujetos viven. De ahí que la demanda por participación desde los sujetos se enuncie.
La participación viene a entrar en esta óptica donde lo que importa es recuperar el poder, que esta allá, lejos de nosotros. En este objetivo, ya claramente político, se instalan los programas, ya sea de drogas, ya sea de abuso sexual, ya sea de violencia intrafamiliar, etc. La idea final que los atravesaría a todos, tiene que ver con dar poder, sobre el cuerpo, sobre la salud en general, sobre la autodeterminación, etc.
Toda esta relación de los sujetos de intervención clásicos, fuera del poder de las estructuras sociales que los determinan, y que producirían las condiciones de malestar que los aquejan; en el trabajo comunitario mantiene la idea de la necesidad de ser intervenidos, vía la habilitación de programas de acción, para que puedan recuperar el poder que el Estado guarda para sí. Es decir, esta relación reproduce la idea que está a la base; esto es, la separación de ese poder y los sujetos que tratan de recuperarlo. Todas las intervenciones en definitiva se sitúan en una imagen de lo que debe ser la sociedad, es decir las intervenciones se constituyen en relación con las condiciones de su producción, en defensa de un cierto orden social. Este orden social es el que entiende los procesos participativos como un proceso de hacerse parte de un poder externo a los sujetos de intervención.
El momento actual y la relación de la participación en las políticas públicas.
En los Años noventa con la llegada de Ricardo Lagos a la presidencia, se establece una nueva política de participación, auspiciada por un lado desde el PNUD y sus informes de 1998 y 2000, y por otro, desde los desarrollos teóricos de la mano de Giddens y Beck con la llamada tercera vía europea, y además en el espacio local de una cierta percepción política de que los antiguos gobiernos de la concertación habrían dejado de lado al mundo social.
Esta nueva política que tratara el tema de la participación[1] se llamará Nuevo Trato y su encargado desde el aparato estatal es
Debido a que la idea se establece en tratar de instalar una nueva institucionalidad para la participación ciudadana, se vuelve relevante revisar algunos de sus postulados.
El origen político de esta idea, se puede llevar hasta la campaña presidencial; pero sólo se constituye en política a partir del trabajo de
Entre los supuestos conceptuales del denominado Nuevo Trato, se cuenta el hecho de que las "sociedades modernas, en la medida que han circunscrito las áreas prioritarias de la intervención estatal, han invertido en la generación y fortalecimiento de capital social" (Navarrete, 2000, en Min. Sec. Gob. 2000). Debido a esto es que se entiende el beneficio de fortalecer el tejido social, ya que en Europa el hecho de los retiros de los beneficios estatales se ha absorbido en aquellas comunidades con un fuerte tejido social.
El Nuevo Trato se desprende del informe del PNUD de 1998 sobre Desarrollo Humano, en el cual se indicaba que existiría una asincronía entre los sistemas sociales y los sujetos, debido a la dinámica de la modernización social en Chile, y esto llevaría a explicar el porque del distanciamiento entre Estado y ciudadanos. Para esto se debe proponer un Nuevo Contrato Social, que debería emerger desde la sociedad política o primer sector. Luego con el Informe del 2000 (PNUD) se entiende que la sociedad política debe, tratar de integrar a los sujetos como protagonistas de la modernización social impulsada, en base a dos puntos principalmente:
1. Fortalecer la sociedad civil, vigorizando su libertad, como portadores de derechos.
2. Fortalecer el capital social, esto es, los vínculos entre personas y/o sus expresiones asociativas.
Esta orientación adoptada por el gobierno chileno, da prioridades a los hechos de asociatividad como énfasis, es decir, se trata de trabajar con las organizaciones del tercer sector. Se entiende que con un trabajo con estas características se asegurará un capital social que posibilite los puntos ya descritos.
Todo lo anterior corresponde al objetivo político de " fortalecer el vinculo entre las personas, junto con aprender a escucharlas para poder comprender e interpretar sus demandas, sus inquietudes mudas y sus aspiraciones colectivas " (Op. cit pag. 8).
De aquí que esta nueva orientación debe asegurar que el discurso público se haga cargo del malestar de los ciudadanos, de manera que el nuevo trato sea percibido, como la voluntad política del gobierno en orden a interpretar a los ciudadanos, fortalecer su capital social y promover las relaciones de confianza entre ellos y de estos con la instituciones (Cfr. Idem op. cit.).
Para ello se impulsaran tres medidas, una de carácter institucional, que trata el tema de la participación en las políticas públicas, el fortalecimiento de la sociedad civil o tercer sector, y la instalación de un programa de voluntariado. La segunda medida será de tipo comunicacional, tanto de difusión como de escucha de los ciudadanos, y la tercera de tipo simbólico, en la que se elaborarán y difundirán señales e hitos que permiten a los ciudadanos recuperar la noción de pertenencia a una comunidad de semejantes.
Las políticas del Nuevo Trato, se establecen como una línea de trabajo en la cual el énfasis es fortalecer el tejido social, es decir el tercer sector y su capacidad de asociación que generen vínculos de confianza para una nueva institucionalidad. Este capital social se establece en un trabajo donde la idea rectora de participación se ve impulsada desde el Estado.
Los trabajos comunitarios, a la luz de este intento de una nueva institucionalidad, que ya ha dado sus frutos, en el caso del programa Nacional de Voluntariado por ejemplo, se ve instalado en una institucionalidad que pretende otorgar poder a los sujetos vía mecanismos pensados de antemano. Esta situación nos lleva a pensar el papel de las intervenciones que podrán ser implementadas, como recurso técnico, para lograr esa participación esperada. Y esto debido a que sumándose al intento estatal, que se refiere a la posibilidad de trabajo con las organizaciones de representación, se ha visto, por ejemplo, que en una investigación delimitada al ámbito de la psicología comunitaria, se ha postulado que cerca del ochenta por ciento de los centros de intervención, están siendo financiados por el Estado[2].
El nivel de las intervenciones y su papel en la idea de participación.
Para Jacques Ardoino, la intervención debe su origen a la idea que la delimita desde dos nociones[3]. La primera es la de interponerse o venir entre; así la intervención se conoce como sinónimo de mediación, de intercesión, de buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación. Y la segunda es la idea de intromisión, de injerencia, de intrusión en la que la intención violenta, se puede convertir a los menos en mecanismo regulador, donde puede vía la represión mantener el orden establecido. Cabe resaltar que en todos los casos donde se realiza una intervención, se podría decir que es la acción de un tercero, que viene a hacer valer sus derechos, o los derechos de una de las partes. En este sentido las intervenciones "quirúrgicas", que tiene en su accionar la vivencia siempre traumatizante, se pueden entender su justificación en base a una necesidad vital, que posibilitaría un orden deseado[4].
En el caso de las ciencias sociales, la intervención tendría un carácter más específico, donde un tercero actúa una mediación sobre ciertos lugares, con la finalidad de inducir una dinámica, que permita conocer las situaciones donde se implementa. Pero además contemplaría como objetivo la dinámica de la evolución y del cambio que pueden derivarse de ella.
Esta idea central de las intervenciones, una suerte de interponerse entre un elemento y otro de la dinámica social, se posiciona desde la llamada demanda, donde se originara el "contrato" de la intervención. Es decir, desde este genérico llamado de "ayuda" se establecerá el dispositivo que buscará, en su implementación de técnicas que serán ofrecidas desde el interventor, hacerse cargo de eso que debe modificarse, para así corregir la situación que provocaría la demanda.
Es decir en el caso de las intervenciones clásicas el objetivo del trabajo comunitario en referencia a la participación, deberá ser entendido en tanto, se trabaja en coherencia con una demanda de participar, enmarcada en la lógica de la exclusión del poder. La intervención se sitúa allí como mediación, entre el sujeto de intervención y el Estado, para inducir el cambio social, en este caso el acceso a la toma de decisiones.
Todo lo anterior como justificación del trabajo comunitario, en donde el objetivo aceptado es de integrar a lo sujetos al poder, merece mayor análisis, y debe ser pensado por los que estamos ligados al trabajo comunitario, en relación con la política del Nuevo Trato y su idea de participación.
A modo de análisis de la situación de la participación
El trabajo comunitario en referencia a la participación establece como objetivo el que los sujetos de intervención accedan a la toma de decisiones que ocasionarían las condiciones de malestar en las que viven. Esta idea central, mantiene la lógica de que el poder está en un lugar externo a los sujetos. Es así como, debido a que los sujetos no acceden a este nivel que los excluye, podríamos decir el Estado y su incapacidad de hacerse cargo de esas condiciones que provocarían el malestar, debido a que representa intereses de otro orden; llevaría a establecer en el trabajo comunitario el propósito de la participación como uno de los más urgentes.
Este orden social, aceptado por los intentos de transformación de los lugares que ofrecen intervenciones, montaría dispositivos técnicos orientados a la integración. Siempre presuponiendo que el Estado se constituye como un referente de poder, el cual debe ser recuperado por los sujetos. Pero pareciera, que con los intentos de una nueva institucionalidad de parte de Estado chileno, el diagnostico central esta siendo asumido por este, y vemos en su política la asunción de prácticamente los mismos objetivos que el trabajo comunitario habría guardado para sí. Es decir el Estado intenta dejar acceso al poder al sector siempre excluido, es decir el mundo englobado en el tercer sector.
Esta nueva característica de la gestión estatal, abre por un lado la interrogante sobre la autonomía de los esfuerzos de las intervenciones, ya que las intervenciones en su lógica, sostienen que siempre son una mediación, en este caso, entre el Estado y el tercer sector. Pero se sabe que en los últimos años, prácticamente el único factor con capacidad de demanda, es el Estado, debido a que este, es prácticamente financista exclusivo de las intervenciones.
Ésta realidad posiciona al trabajo en comunidad, respecto a las intervenciones, y su idea de cambio social, en referencia a una suerte de objetivo retrospectivo. Este objetivo sería el de proporcionar al mundo social redes o mecanismos ya institucionalizados, de participación. Es decir, la idea de lo que "se ofrece", no seria invención del trabajo, sino descubrimiento, en tanto ahora, al tener acceso al poder central, no se vive como una construcción de lo que aún no es, sino como una institucionalidad a la que ahora se tiene acceso.
Esta situación a mi modo de ver, no genera autonomía participativa. Entendida como autogestión y como el más alto nivel de participación; siendo entonces, la participación un mero reconocimiento como interlocutor, en un orden social ya establecido de antemano. Es decir, mantengo la idea de que sólo se puede participar en una comunidad de iguales, y la igualdad, pasaría por establecer las condiciones, desde el momento mismo de la intervención; es decir, pensar dispositivos que en su implementación igualen las condiciones de los sujetos que se enfrentan a la tarea de participar y recuperar el poder, en que la posibilidad política o “administrativa” no entienda que estos sujetos deben integrarse al mundo dentro de un pensamiento globalista, sino que suponga que los sujetos ya no homogéneos, son en el mundo desde siempre, y tienen en su accionar el poder de producir el cambio esperado.
El trabajo comunitario debe ofrecer, a mi modo de ver, igualdad en la relación, pero pensando en la historia particular de cada uno de los sujetos de esa relación, es decir, explicitando las limitaciones y restricciones de cada trabajo inaugurado, así como de cada participante.
Esta noción de cambio correspondería, a una búsqueda de lo que aún no es, donde la intervención debe ser reformulada, hacia el propósito de generar aquello que por no haber sido creado de una vez por todas, siempre está en vías de creación; donde el hacer social histórico, reproductor del orden social, no se cierre allí, y se lo reconozca también como creador, en una permanente ruptura y sorpresa, con respecto a lo que ya estaba allí[5].
En este sentido la intervención, como toda práctica social, está implicada desde diferentes lugares, como pudiera ser desde los ámbitos subjetivos, hasta los institucionales e históricos, y es desde allí, desde donde debe ser pensado el carácter de la intervención que posibilite una nueva idea de participación donde la autonomía deje atrás, en su negación, a la participación. El objetivo entonces, será el paso al acto sobre esas condiciones sociales que nos constituyen y que reproducen, ya desde el ceno mismo del trabajo comunitario, esa misma estructura que deseamos combatir. El objetivo político de participación se traslada, en tanto abandona el cambio macrosocial, en el entendido de la toma progresiva del Estado, hacia mecanismos que otorgaran más preponderancia al sujeto de intervención, ya que al ser pensadas las implicancias, en tanto restricciones del accionar comunitario, atravesando tanto al interventor como al sujeto de intervención, permite trabajar sobre la situación concreta, que ahora se ve en su relación con las condiciones de producción que antes no podían ser vistas.
En este intento la intervención debe orientarse quizás, a hacer emerger tanto lo "oculto" de las subjetividades implicadas, como lo "implícito" de las estructuras sociales que determinan el trabajo comunitario.
El propósito de la intervención en el trabajo comunitario, en tanto sus implicancias de base, en este caso el Estado y sus intento de dar una nueva institucionalidad a la participación, debe hacer "ver" a los sujetos esas mismas implicancias para desde allí hacer emerger eso que antes no estaba. El trabajo comunitario debe reflexionar y proponer, más que antes quizás, o con la misma radicalidad de antes, la autonomía de la participación no forzada por ningún lugar, es decir la posibilidad de la autogestión.
[1]Ministerio Secretaria General de Gobierno de Chile: (2000) NuevoTrato, alcances políticos y conceptuales para una política nacional y transversal de participación ciudadana. División de Organizaciones Sociales.
- (2001) Asociacionismo emergente en Chile, estudios y reflexiones. División de Organizaciones Sociales
[2]Krause, M y Jaramillo, A: -(1997) La institucionalización de la psicología comunitaria en chile: Características y contradicciones.
www.copsa.es./congresoiberoa/base/social/socr114.htm
[3] Ardoino, Jacques : (1979) La intervencion: ¿Imaginario del cambio o cambio de imaginario?. En Guattari, Felix. La intervencion institucional. , et. al. Mexico, 1981.
[4]Idem Op. Cit.
[5]Cifr. Idem.
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